Los venezolanos viven una crisis humanitaria de enormes proporciones, ¿por qué es importante centrarse en las detenciones?
Estos temas están interrelacionados. La crisis humanitaria ha propagado un descontento generalizado con el gobierno. En abril pasado, decenas de miles de personas salieron a las calles en Venezuela en repudio al intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las protestas crecieron y se extendieron por todo el país, en gran parte por el descontento generalizado de muchos no sólo ante las prácticas autoritarias del gobierno, sino además por cómo manejó la crisis humanitaria. El gobierno respondió a las protestas con actos de brutalidad generalizada. Su magnitud y gravedad este año ha alcanzado niveles inéditos, con miembros de las fuerzas de seguridad y de pandillas armadas partidarias del gobierno, llamadas “colectivos”, reprimiendo a manifestantes pacíficos, y abusos aberrantes contra personas detenidas, incluidos casos de torturas.
¿Cuántos casos documentaron?
Entrevistamos a más de 120 personas, en su mayoría víctimas de abusos o sus familiares. También recopilamos información que corroboró esos testimonios, y documentamos 88 casos de presuntos abusos contra al menos 314 víctimas. Concluimos que los abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad fueron sistemáticos. También identificamos a funcionarios de alto rango —como el presidente, el ministro de Defensa y el ministro de Interior y Justicia— que no actuaron para prevenir o juzgar estos abusos cometidos por subordinados.
¿Qué tipos de torturas descubrieron y quiénes eran responsables?
Documentamos que las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes o permitían que colectivos lo hicieran, lo cual provocó decenas de muertes y cientos de heridos. Hemos visto que disparaban a manifestantes y usaban cañones de agua, perdigones y cartuchos de gas lacrimógenos de un modo que no parecía estar destinado a dispersar a los manifestantes sino a causar dolor. En algunos casos, los colectivos detuvieron ilegalmente a personas y luego las entregaron a miembros de las fuerzas de seguridad.
Vimos casos en los cuales miembros de las fuerzas de seguridad golpearon a manifestantes y los torturaron mediante asfixia, descargas eléctricas, abuso sexual y otras tácticas brutales.
Algunas de las personas detenidas han sido acusadas de delitos como rebelión y traición a la patria ante tribunales militares. Más de 750 personas fueron procesadas por tribunales militares este año. Esta es una práctica que veíamos en las dictaduras del cono sur en los setenta.
¿Qué casos se destacan para usted?
Un hombre que publicó información crítica sobre el gobierno fue sacado de su hogar por agentes de inteligencia y estuvo detenido más de 50 días. Nunca vio a un juez, familiares ni un abogado. Le quitaron la ropa, lo esposaron por las muñecas y los tobillos y lo colgaron desde el techo, para luego empaparlo con agua y aplicarle descargas eléctricas para obligarlo a decir que tenía nexos con la oposición política.
Otros casos desgarradores son los de jóvenes que salieron a protestar por un país mejor, y terminaron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad que les dispararon desde muy corta distancia. Sabemos que las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos, o vidrios u otros materiales peligrosos con armas normalmente empleadas para disparar municiones antidisturbios no letales.
Un joven dijo que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana le dispararon y lo detuvieron mientras se dirigía a jugar baloncesto. Durante la detención, lo golpearon y lo amenazaron. Lo hicieron caminar en cuclillas, lo golpearon con palos, le cortaron el cabello y lo obligaron a hacer entrenamiento militar. Lo forzaron a inclinarse con la cabeza tocando el suelo, y luego mantenerse en equilibro de pies y cabeza sin usar las manos. También lo pusieron en una celda minúscula a la que le dicen “tigrito”, posiblemente debido a su tamaño. Algunos dicen que es porque tiene el tamaño de jaulas para transportar un tigre y otros que se debe al terrible olor que hay allí por el hacinamiento.
¿Cuál es el impacto de la crisis para los países vecinos de Venezuela?
La emigración venezolana ha aumentado drásticamente. Decenas de miles de personas huyen hacia la vecina Colombia. Entre enero y febrero, 7.600 venezolanos pidieron refugio en Brasil, en comparación con cuatro durante todo 2010. En Argentina, las visas temporarias a venezolanos se han duplicado cada año desde 2014. En mayo, alcanzaron un total de 35.600 visas emitidas. El problema está presente en toda la región.
Estos ciudadanos venezolanos en general sienten que se han visto obligados a irse de Venezuela, ya sea por el clima político y la persecución o por la crisis humanitaria.
Lo paradójico es que Venezuela es un país que históricamente recibió a inmigrantes, incluidas personas que huyeron de dictadores latinoamericanos en otros países.
Tu familia se refugió en Venezuela en el pasado. ¿Esto te da una conexión personal?
Así es. Nací en Venezuela porque mis padres se exiliaron allí de la dictadura argentina en los setenta. Actualmente vivo en Buenos Aires; mi familia regresó a Argentina cuando se restableció la democracia, pero todavía tengo una conexión personal con Venezuela.
¿Cómo es trabajar en un país donde le han prohibido entrar?
La última vez que Human Rights Watch realizó una conferencia de prensa en Venezuela, en 2008, nuestros representantes fueron detenidos y expulsados del país. Ahora mantenemos un perfil bajo cuando estamos allí y evitamos el contacto con las autoridades. Los teléfonos de muchas de las víctimas y de activistas están interceptados, y por eso empleamos comunicaciones encriptadas. Nos reunimos en sitios seguros. Cuando nuestro equipo está en Venezuela, mantenemos un contacto directo con ellos para saber siempre dónde están y qué están haciendo.
En general nos contactamos con las víctimas a través de alguien de su confianza, como su abogado o una organización no gubernamental. Este es un informe preparado conjuntamente con una organización venezolana llamada Foro Penal, que es una red de abogados ad honórem, y ellos ayudaron a concertar muchas de las citas.
Has trabajado de incógnito en Venezuela durante años, pero en esta crisis decidiste dar a conocer tu identidad. ¿Por qué?
Fue una decisión difícil. Muchas personas sabían que yo hacía este trabajo, aunque nunca aparecía en la página web de Human Rights Watch y mi nombre nunca figuraba en nada de lo que yo hacía. Pero tras años de viajar allí con frecuencia y estar en contacto con tantas personas, así como yo tenía a todas estas personas entre mis contactos telefónicos, también ellas me tenían a mí en sus teléfonos. Y eso implicaba riesgos cada vez mayores para mí y las personas con quienes trabajaba.
Esto coincidió con la explosión de la crisis en Venezuela este año. Decidimos que era más importante y eficaz que yo hablara públicamente sobre lo que sucedía allí, con la legitimidad que da haber estado en el país por ocho años.
Todavía entrevisto a personas que huyeron del país, realizo entrevistas desde el extranjero y superviso las investigaciones en el terreno.
¿Qué dijeron sus amigos allí?
Fue una decisión personal difícil porque significó que no iba a poder regresar. Ya no tengo familiares en Venezuela, pero sí tengo amigos allí. De algún modo, este es mi segundo exilio. Nací en el exilio en Venezuela, y ahora me veo obligada a permanecer lejos del país que acogió a mi familia. Y eso es algo muy difícil.
¿Cómo ha sido la experiencia de dar a conocer su identidad?
No estábamos muy seguros de qué sucedería una vez que comenzara a hablar públicamente. Creo que hicimos lo correcto. Las personas te escuchan de manera diferente cuando hablas sobre lo que viste con tus propios ojos, tanto periodistas como funcionarios gubernamentales. Y esa es una parte importante de nuestro trabajo, transmitir ese mensaje de la manera más contundente posible.
¿Qué quisieras ver que ocurra ahora?
Algunas personas tal vez crean que las fuerzas de seguridad venezolanas se están portando mejor porque no se ven titulares sobre personas asesinadas en las calles. Lo cierto es que solamente hay menos represión porque hay menos manifestaciones. El gobierno no ha dado ninguna señal de que tenga intención de moderar la represión. Queremos que las personas sepan lo que nosotros sabemos, y contribuir a generar presión internacional sobre el gobierno venezolano para terminar con sus prácticas represivas y restablecer un gobierno democrático. Y también queremos usar este informe para asegurarnos de que los responsables de abusos sean eventualmente llevados ante la justicia.
